En desarrollo del diagnostico sobre la situaciion financiera de las universidades publicas Colombianas adelantado desde el año 2008 por la Federacion universitaria Nacional - Comisiones, habiamos advertido de la "fecha de caducidad" que pesaba sobre las universidades publicas dadas las fallas estructurales de su sistema de financiacion. A continuacion reprodusco una nota de prensa aparecida recientemente en la pagina web de la Universidad de Antioquia en tal sentido. Espere en un proximo post, el texto completo del documento que tuve la ocasion de presentar ante la administracion de la UTP durante el proceso de negociacion del pliego de estudiantes en el primer semestre de 2009, que bien puede ser un diagnostico resumido de esta "muerte anunciada".
Universidades públicas con graves problemas financieros
En reunión celebrada entre los directivos de las universidades Nacional, del Valle, de Antioquia y Tecnológica de Pereira, se advirtió que las universidades públicas enfrentan un grave problema financiero y se pidió al gobierno incluir en el presupuesto del próximo año un incremento, por una sola vez, del 9% en la asignación de recursos.
La Vicerrectora General de la Universidad Nacional Beatriz Sánchez explicó que los aportes que hace la Nación crecen al ritmo del IPC, mientras que las obligaciones e inversiones de las instituciones de educación superior se incrementan a un ritmo mayor.
De igual manera, el doctor Pastor Acevedo S., director de la Oficina Jurídica de la Universidad de Antioquia señaló que el Ministerio de Educación Nacional debe definir una política clara, frente al funcionamiento de las universidades públicas. Porque si en el presupuesto nacional que se asigna a la educación superior se encuentra un desfase en los recursos otorgados a las universidades públicas, el panorama que se vislumbra a muy corto plazo es desolador, ya que estas instituciones serían inviables.
Igualmente se resalta que el aumento de cobertura (la universidad pública es responsable del 52% de la matrícula en el país) ha corrido por cuenta de las instituciones públicas y ese esfuerzo no ha sido compensado adecuadamente.
Los representantes de las cuatro grandes universidades públicas coincidieron en señalar la falta de voluntad política del Ministerio de Educación para concertar un acuerdo presupuestal pese a que representantes del Ministerio de Hacienda y de Planeación Nacional han afirmado que la propuesta de incrementar en 9%, por una vez, es viable.
De acuerdo con información del Ministerio de Educación Nacional en las 32 universidades públicas del país existen 835 profesores con título de doctorado en el año 2003 y en el 2007 esta cifra creció a 1.233 profesores, lo que significa que un 50 por ciento de la planta docente de las universidades públicas tiene título de doctorado, lo que sugiere un aumento en los salarios de los docentes, establecido por ley, pero que el Estado se niega a asumir.
El Viceministro de Educación dice que el aumento no podrá ser superior al 3%
Gabriel Burgos Mantilla, Viceministro de Educación Superior, respondió que el aumento no podrá ser superior al 3%, dada la crisis económica por la que atraviesa el país. Sin embargo aseguró que se logrará un incremento del 3% además del ajuste por inflación. Un 2% de ese aumento proviene de lo pactado a través de la conocida como Ley ECAES y un 1% adicional corresponde a la devolución del dinero que se descontó en la matrícula a los estudiantes que votaron en las elecciones. Y recalcó que las universidades tienen la posibilidad de buscar recursos por otros lados.
El viceministro explicó que hay un desequilibrio entre las universidades mencionadas con respecto a las de las regiones, que partió de la manera como se organizó el sistema y hay que darle la vuelta. Hay que aumentar los recursos pero dirigirlos a las regionales. Argumentó que mientras en Bogotá el índice de cobertura en educación superior es del 65%, el promedio nacional es apenas del 35% y en regiones como la Costa Caribe es 24%.
En este sentido el doctor Pastor Acevedo S., recalcó que de acuerdo con el art. 86 de la ley 30 de 1992 que reglamenta el funcionamiento y el quehacer de la Educación Superior, allí se indica que es una obligación del Estado asignar los recursos correspondientes para el funcionamiento de las universidades y es él quien debe velar porque las instituciones en las regiones también funcionen.
Fuente: http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/BibliotecaPortal/DetalleNoticia?p_id=14072068&p_siteid=37
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