ASI LO ADVERTIMOS DESDE EL MODEP...

En desarrollo del diagnostico sobre la situaciion financiera de las universidades publicas Colombianas adelantado desde el año 2008 por la Federacion universitaria Nacional - Comisiones, habiamos advertido de la "fecha de caducidad" que pesaba sobre las universidades publicas dadas las fallas estructurales de su sistema de financiacion. A continuacion reprodusco una nota de prensa aparecida recientemente en la pagina web de la Universidad de Antioquia en tal sentido. Espere en un proximo post, el texto completo del documento que tuve la ocasion de presentar ante la administracion de la UTP durante el proceso de negociacion del pliego de estudiantes en el primer semestre de 2009, que bien puede ser un diagnostico resumido de esta "muerte anunciada".


Universidades públicas con graves problemas financieros

En reunión celebrada entre los directivos de las universidades Nacional, del Valle, de Antioquia y Tecnológica de Pereira, se advirtió que las universidades públicas enfrentan un grave problema financiero y se pidió al gobierno incluir en el presupuesto del próximo año un incremento, por una sola vez, del 9% en la asignación de recursos.

La Vicerrectora General de la Universidad Nacional Beatriz Sánchez explicó que los aportes que hace la Nación crecen al ritmo del IPC, mientras que las obligaciones e inversiones de las instituciones de educación superior se incrementan a un ritmo mayor.

De igual manera, el doctor Pastor Acevedo S., director de la Oficina Jurídica de la Universidad de Antioquia señaló que el Ministerio de Educación Nacional debe definir una política clara, frente al funcionamiento de las universidades públicas. Porque si en el presupuesto nacional que se asigna a la educación superior se encuentra un desfase en los recursos otorgados a las universidades públicas, el panorama que se vislumbra a muy corto plazo es desolador, ya que estas instituciones serían inviables.

Igualmente se resalta que el aumento de cobertura (la universidad pública es responsable del 52% de la matrícula en el país) ha corrido por cuenta de las instituciones públicas y ese esfuerzo no ha sido compensado adecuadamente.

Los representantes de las cuatro grandes universidades públicas coincidieron en señalar la falta de voluntad política del Ministerio de Educación para concertar un acuerdo presupuestal pese a que representantes del Ministerio de Hacienda y de Planeación Nacional han afirmado que la propuesta de incrementar en 9%, por una vez, es viable.

De acuerdo con información del Ministerio de Educación Nacional en las 32 universidades públicas del país existen 835 profesores con título de doctorado en el año 2003 y en el 2007 esta cifra creció a 1.233 profesores, lo que significa que un 50 por ciento de la planta docente de las universidades públicas tiene título de doctorado, lo que sugiere un aumento en los salarios de los docentes, establecido por ley, pero que el Estado se niega a asumir.
El Viceministro de Educación dice que el aumento no podrá ser superior al 3%

Gabriel Burgos Mantilla, Viceministro de Educación Superior, respondió que el aumento no podrá ser superior al 3%, dada la crisis económica por la que atraviesa el país. Sin embargo aseguró que se logrará un incremento del 3% además del ajuste por inflación. Un 2% de ese aumento proviene de lo pactado a través de la conocida como Ley ECAES y un 1% adicional corresponde a la devolución del dinero que se descontó en la matrícula a los estudiantes que votaron en las elecciones. Y recalcó que las universidades tienen la posibilidad de buscar recursos por otros lados.

El viceministro explicó que hay un desequilibrio entre las universidades mencionadas con respecto a las de las regiones, que partió de la manera como se organizó el sistema y hay que darle la vuelta. Hay que aumentar los recursos pero dirigirlos a las regionales. Argumentó que mientras en Bogotá el índice de cobertura en educación superior es del 65%, el promedio nacional es apenas del 35% y en regiones como la Costa Caribe es 24%.

En este sentido el doctor Pastor Acevedo S., recalcó que de acuerdo con el art. 86 de la ley 30 de 1992 que reglamenta el funcionamiento y el quehacer de la Educación Superior, allí se indica que es una obligación del Estado asignar los recursos correspondientes para el funcionamiento de las universidades y es él quien debe velar porque las instituciones en las regiones también funcionen.


Fuente: http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/BibliotecaPortal/DetalleNoticia?p_id=14072068&p_siteid=37

¿$100 SI ENRIQUECEN A ALGUIEN?

A proposito del alza en el transporte publico anunciada para el dia 3 de septiembre en Pereira. ¿hasta cuando permitiremos esto?

Es sabido que el anuncio de cualquier medida asociada a una mayor tributación o en general el alza del nivel de precios de cualquier bien o servicio más o menos ampliamente consumido es por regla general, recibido a regañadientes por los ciudadanos o incluso en ocasiones, confrontado por sectores con diferentes móviles. Ni que decir del transporte público, que implica un golpe directo a la economía cotidiana de quienes realmente lo necesitan, como son quienes no poseen vehículo y deben ver como un mayor porcentaje de su ingreso va a dar en pagar buses y taxis. Por esto, el director del Área metropolitana centro – occidente AMCO Carlos Restrepo Ferro, con la secreta ambición de ser percibido por los ciudadanos como un funcionario mesurado y hasta benevolente, se ha precipitado a afirmar a nombre de la casta dominante local, que el alza de $100 en el valor del transporte a partir del dia 3 de Septiembre para las denominadas “rutas complementarias” y el Megabus en Pereira y Dosquebradas, es considerado con los usuarios, pues ha debido ser mayor -aproximadamente hasta los $1600 debió trepar el precio del pasaje, dice el funcionario, que es como se sabe, la forma en que le cuadrarían las cuentas a los operadores del sistema Megabus ante la “falta de civismo y sentido de pertenencia” de quienes no preferimos o usamos este servicio, impidiendo llevarlo a aproximadamente 160.000 pasajeros diarios, que es su punto de equilibrio-. Desde la única mirada sensata al problema, la de los pobres, indiscutible y cada vez más numerosa mayoría de los Pereiranos, el tema no resiste debate alguno: el alza es simplemente injusta; sin embargo, pasara cuando mas una semana para que el titular de prensa desaparezca de los diarios locales y se olviden las espontaneas pero inocuas expresiones de indignación de algunos ciudadanos frente a esta nueva alza, en una ciudad que mas que estar acostumbrada a olvidar, es simplemente estoica e impasible ante los dramas sociales y muy raramente capaz de organizar procesos de movilización ciudadana para frenar los abusos de la clase dominante local. Lo que parece fondear el tema y es recurrentemente lo que inquieta a los Pereiranos en materia de transporte, es la lógica con que este sistema ha sido diseñado e implementado, urdida por un puñado de varones electorales y burócratas locales hace cerca de diez años, que diera paso a un sistema de transporte masivo “a cualquier precio”, que concentrara el monopolio de este servicio en su interés y dejara a Pereira como una ciudad “de avanzada” en la materia, el cual a la postre, estos cacos de corbata bautizarían Megabus. No importo que entidades internacionales aconsejaran la no construcción de un sistema de esta naturaleza en ciudades de menos de un millón de habitantes, que los costos de infraestructura fueran cargados exclusivamente a la nación y los municipios implicados -al costo de aplazar proyectos vitales para la gente como el plan maestro de acueducto en Dosquebradas en nombre del supuesto progreso que traería el proyecto-, y por último que la cadena de valor alrededor del transporte urbano anterior al megabus se destruyera con su irrupción, incrementando la desigualdad en la distribución del ingreso en una zona ya de por si desigual y excluyente. Nada de esto pareció importar a sectores que aunque directamente afectados, optaron por dejar al apetito de los sectores tradicionalmente en el poder, no solo el negocio del transporte, sino la planeación estratégica misma de nuestra ciudad y su vocación de desarrollo. Hay quienes incluso afirma que este tipo de incrementos en el precio del pasaje son el costo del desarrollo local, pues de otra forma no podríamos estar “megaorgullosos” y no sé que otro tipo de expresiones cínicas y hasta mercadotécnicamente vergonzosas y estultas con las que nos vendieron el proyecto. Ante la decadencia desde los 80 de los procesos cívicos y ciudadanos de movilización y empoderamiento del ciudadano de a pie y la cada vez mayor voracidad de los Sotos, Ríos Belillas, Lodoños y demás esbirros, no aparece en lo inmediato en el horizonte una posibilidad real de confrontar ágil y organizadamente con movilización ciudadana -por qué argumentos ya hay y de sobra- este tipo de abusos, que se suman a las flagrantes tropelías de la empresa de energía contra los usuarios, la dramática situación de la salud para los pobres, entre otros derechos abusados y desmontados hasta el absurdo en nuestra ciudad, que junto con la encrucijada de desempleo y pobreza ya conocida y en la cual somos la ciudad más afectada del país, configura una suerte de “BOMBA SOCIAL”, que es responsabilidad de los pocos o muchos dirigentes sociales transparentes y que sirven de corazón a los más sencillos de la ciudad canalizar, para que no sea una marea espontanea mas de indignación fácilmente reprimida por los de arriba, sino el albor de procesos de coordinación, educación y movilización ciudadana independientes y sostenibles en el tiempo.

Mis 50 pesos: Urge en consecuencia que todos los colectivos e individuos de la ciudad nos pongamos de acuerdo en UNA SOLA CONVOCATORIA en un solo día y a una misma hora para desarrollar una concentración masiva por la defensa del empleo y por servicios públicos dignos y a bajo costo.