ASI LO ADVERTIMOS DESDE EL MODEP...

En desarrollo del diagnostico sobre la situaciion financiera de las universidades publicas Colombianas adelantado desde el año 2008 por la Federacion universitaria Nacional - Comisiones, habiamos advertido de la "fecha de caducidad" que pesaba sobre las universidades publicas dadas las fallas estructurales de su sistema de financiacion. A continuacion reprodusco una nota de prensa aparecida recientemente en la pagina web de la Universidad de Antioquia en tal sentido. Espere en un proximo post, el texto completo del documento que tuve la ocasion de presentar ante la administracion de la UTP durante el proceso de negociacion del pliego de estudiantes en el primer semestre de 2009, que bien puede ser un diagnostico resumido de esta "muerte anunciada".


Universidades públicas con graves problemas financieros

En reunión celebrada entre los directivos de las universidades Nacional, del Valle, de Antioquia y Tecnológica de Pereira, se advirtió que las universidades públicas enfrentan un grave problema financiero y se pidió al gobierno incluir en el presupuesto del próximo año un incremento, por una sola vez, del 9% en la asignación de recursos.

La Vicerrectora General de la Universidad Nacional Beatriz Sánchez explicó que los aportes que hace la Nación crecen al ritmo del IPC, mientras que las obligaciones e inversiones de las instituciones de educación superior se incrementan a un ritmo mayor.

De igual manera, el doctor Pastor Acevedo S., director de la Oficina Jurídica de la Universidad de Antioquia señaló que el Ministerio de Educación Nacional debe definir una política clara, frente al funcionamiento de las universidades públicas. Porque si en el presupuesto nacional que se asigna a la educación superior se encuentra un desfase en los recursos otorgados a las universidades públicas, el panorama que se vislumbra a muy corto plazo es desolador, ya que estas instituciones serían inviables.

Igualmente se resalta que el aumento de cobertura (la universidad pública es responsable del 52% de la matrícula en el país) ha corrido por cuenta de las instituciones públicas y ese esfuerzo no ha sido compensado adecuadamente.

Los representantes de las cuatro grandes universidades públicas coincidieron en señalar la falta de voluntad política del Ministerio de Educación para concertar un acuerdo presupuestal pese a que representantes del Ministerio de Hacienda y de Planeación Nacional han afirmado que la propuesta de incrementar en 9%, por una vez, es viable.

De acuerdo con información del Ministerio de Educación Nacional en las 32 universidades públicas del país existen 835 profesores con título de doctorado en el año 2003 y en el 2007 esta cifra creció a 1.233 profesores, lo que significa que un 50 por ciento de la planta docente de las universidades públicas tiene título de doctorado, lo que sugiere un aumento en los salarios de los docentes, establecido por ley, pero que el Estado se niega a asumir.
El Viceministro de Educación dice que el aumento no podrá ser superior al 3%

Gabriel Burgos Mantilla, Viceministro de Educación Superior, respondió que el aumento no podrá ser superior al 3%, dada la crisis económica por la que atraviesa el país. Sin embargo aseguró que se logrará un incremento del 3% además del ajuste por inflación. Un 2% de ese aumento proviene de lo pactado a través de la conocida como Ley ECAES y un 1% adicional corresponde a la devolución del dinero que se descontó en la matrícula a los estudiantes que votaron en las elecciones. Y recalcó que las universidades tienen la posibilidad de buscar recursos por otros lados.

El viceministro explicó que hay un desequilibrio entre las universidades mencionadas con respecto a las de las regiones, que partió de la manera como se organizó el sistema y hay que darle la vuelta. Hay que aumentar los recursos pero dirigirlos a las regionales. Argumentó que mientras en Bogotá el índice de cobertura en educación superior es del 65%, el promedio nacional es apenas del 35% y en regiones como la Costa Caribe es 24%.

En este sentido el doctor Pastor Acevedo S., recalcó que de acuerdo con el art. 86 de la ley 30 de 1992 que reglamenta el funcionamiento y el quehacer de la Educación Superior, allí se indica que es una obligación del Estado asignar los recursos correspondientes para el funcionamiento de las universidades y es él quien debe velar porque las instituciones en las regiones también funcionen.


Fuente: http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/BibliotecaPortal/DetalleNoticia?p_id=14072068&p_siteid=37

¿$100 SI ENRIQUECEN A ALGUIEN?

A proposito del alza en el transporte publico anunciada para el dia 3 de septiembre en Pereira. ¿hasta cuando permitiremos esto?

Es sabido que el anuncio de cualquier medida asociada a una mayor tributación o en general el alza del nivel de precios de cualquier bien o servicio más o menos ampliamente consumido es por regla general, recibido a regañadientes por los ciudadanos o incluso en ocasiones, confrontado por sectores con diferentes móviles. Ni que decir del transporte público, que implica un golpe directo a la economía cotidiana de quienes realmente lo necesitan, como son quienes no poseen vehículo y deben ver como un mayor porcentaje de su ingreso va a dar en pagar buses y taxis. Por esto, el director del Área metropolitana centro – occidente AMCO Carlos Restrepo Ferro, con la secreta ambición de ser percibido por los ciudadanos como un funcionario mesurado y hasta benevolente, se ha precipitado a afirmar a nombre de la casta dominante local, que el alza de $100 en el valor del transporte a partir del dia 3 de Septiembre para las denominadas “rutas complementarias” y el Megabus en Pereira y Dosquebradas, es considerado con los usuarios, pues ha debido ser mayor -aproximadamente hasta los $1600 debió trepar el precio del pasaje, dice el funcionario, que es como se sabe, la forma en que le cuadrarían las cuentas a los operadores del sistema Megabus ante la “falta de civismo y sentido de pertenencia” de quienes no preferimos o usamos este servicio, impidiendo llevarlo a aproximadamente 160.000 pasajeros diarios, que es su punto de equilibrio-. Desde la única mirada sensata al problema, la de los pobres, indiscutible y cada vez más numerosa mayoría de los Pereiranos, el tema no resiste debate alguno: el alza es simplemente injusta; sin embargo, pasara cuando mas una semana para que el titular de prensa desaparezca de los diarios locales y se olviden las espontaneas pero inocuas expresiones de indignación de algunos ciudadanos frente a esta nueva alza, en una ciudad que mas que estar acostumbrada a olvidar, es simplemente estoica e impasible ante los dramas sociales y muy raramente capaz de organizar procesos de movilización ciudadana para frenar los abusos de la clase dominante local. Lo que parece fondear el tema y es recurrentemente lo que inquieta a los Pereiranos en materia de transporte, es la lógica con que este sistema ha sido diseñado e implementado, urdida por un puñado de varones electorales y burócratas locales hace cerca de diez años, que diera paso a un sistema de transporte masivo “a cualquier precio”, que concentrara el monopolio de este servicio en su interés y dejara a Pereira como una ciudad “de avanzada” en la materia, el cual a la postre, estos cacos de corbata bautizarían Megabus. No importo que entidades internacionales aconsejaran la no construcción de un sistema de esta naturaleza en ciudades de menos de un millón de habitantes, que los costos de infraestructura fueran cargados exclusivamente a la nación y los municipios implicados -al costo de aplazar proyectos vitales para la gente como el plan maestro de acueducto en Dosquebradas en nombre del supuesto progreso que traería el proyecto-, y por último que la cadena de valor alrededor del transporte urbano anterior al megabus se destruyera con su irrupción, incrementando la desigualdad en la distribución del ingreso en una zona ya de por si desigual y excluyente. Nada de esto pareció importar a sectores que aunque directamente afectados, optaron por dejar al apetito de los sectores tradicionalmente en el poder, no solo el negocio del transporte, sino la planeación estratégica misma de nuestra ciudad y su vocación de desarrollo. Hay quienes incluso afirma que este tipo de incrementos en el precio del pasaje son el costo del desarrollo local, pues de otra forma no podríamos estar “megaorgullosos” y no sé que otro tipo de expresiones cínicas y hasta mercadotécnicamente vergonzosas y estultas con las que nos vendieron el proyecto. Ante la decadencia desde los 80 de los procesos cívicos y ciudadanos de movilización y empoderamiento del ciudadano de a pie y la cada vez mayor voracidad de los Sotos, Ríos Belillas, Lodoños y demás esbirros, no aparece en lo inmediato en el horizonte una posibilidad real de confrontar ágil y organizadamente con movilización ciudadana -por qué argumentos ya hay y de sobra- este tipo de abusos, que se suman a las flagrantes tropelías de la empresa de energía contra los usuarios, la dramática situación de la salud para los pobres, entre otros derechos abusados y desmontados hasta el absurdo en nuestra ciudad, que junto con la encrucijada de desempleo y pobreza ya conocida y en la cual somos la ciudad más afectada del país, configura una suerte de “BOMBA SOCIAL”, que es responsabilidad de los pocos o muchos dirigentes sociales transparentes y que sirven de corazón a los más sencillos de la ciudad canalizar, para que no sea una marea espontanea mas de indignación fácilmente reprimida por los de arriba, sino el albor de procesos de coordinación, educación y movilización ciudadana independientes y sostenibles en el tiempo.

Mis 50 pesos: Urge en consecuencia que todos los colectivos e individuos de la ciudad nos pongamos de acuerdo en UNA SOLA CONVOCATORIA en un solo día y a una misma hora para desarrollar una concentración masiva por la defensa del empleo y por servicios públicos dignos y a bajo costo.

Exhortacion publica a Luis Enrique Arango, rector de la Universidad Tecnologica de Pereira

Como afectado directo del proceso de persecusion politica adelantado desde Octubre del año anterior contra la dirigencia estudiantil de la UTP bajo la forma de proceso disciplinario, en el animo de que las afirmaciones desde la institucionalidad en relacion con la denuncia y defensa que hemos desarrollado los estudiantes sancionados por su dependencia no sea señalada en forma malintencionada, y en mi condicion de representante estudiantil ante el consejo academico, invito publicamente al rector y su asesoria juridica a señalar con presicion y haciendo uso responsable de los medios de comunicacion universitarios, las presuntas "reacciones desinformadas y temerarias sobre las desiciones disciplinarias adoptadas, con la pretension de deslegitimar los resultados de las investigaciones y cubrir de impunidad los actos de violencia ocurridos en la universidad" segun comunicacion aparecida el dia 3 de Agosto en la red. Considero absolutamente necesarias estas claridades pues no se puede permitir que de la mano de informaciones vagas e imprecisas, se traten de señalar y desacreditar los esfuerzos de diferente orden que hemos hecho los afectados por denunciar visibilizar y frenar las tropelias de su administracion contra los estudiantes que nos hemos atrevido a controvertirlo dando la cara , dejando en el ambiente la idea que todo aquel que denuncie y rechace esta absurda medida es un "desinformado"y quiere "cubrir de impunidad" actuaciones pasadas no endilgables a lso sancionados, como ustedes mismos lo han reconocido. Invito a la comuniad universitaria a no dejar que el actual ambiente de caceria de brujas intimide la accion contundente y masiva de las expresiones democraticas que aun quedan en la universidad en contra de la persecusion a quienes opinamos diferente y disentimos publicamente de la privatizacion y el estrechamiento de la democracia en nuestro claustro universitario. invito por ultimo a toda la comunidad universitaria a terciar en esta controversia para que sea por fuerza del debate y el torrente incontenible de la defensa de la democracia y la autonomia universitaria que desterremos el escarnio y la proscripcion del otro como regla para dirimir los conflictos.


ALEJANDRO PARRA GIRALDO
REPRESENTANTE ESTUDIANTIL ANTE EL CONSEJO ACADEMICO
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
caricarura tomada de asambleautp.blogspot.com

LA PEOR DILIGENCIA

A continuacion relaciono algunos pasajes relevantes del texto del recurso de apelacion previsto en el articulo 140 del reglamento estudiantil de la UTP. Usted como yo, amigo lector, de cualquier manera, ya sabemos el resultado final que tendra este proceso persecutor y amañado.

Como es sabido todo este cuerpo directivo al unísono constituye un bloque de poder antiestudiantil, ideológicamente encuadrado contra las reivindicaciones que los estudiantes hicieron explicitas durante el movimiento y que desde esa perspectiva se constituye en claros enemigos, adversarios y difamadores del movimiento estudiantil, cuya finalidad concreta no era otra distinta que golpear dicho movimiento, rechazar de plano sus aspiraciones y disgregar el núcleo directivo esencial del mismo, desde esta perspectiva es que declaran como testigos en este caso, como enemigos de los estudiantes, como personas que sienten profunda animadversión, sobre todo, a los que ellos identifican como dirigente estudiantiles a los cuales les atribuyen hechos que ellos no cometieron, pero que la función ideológica, en este caso transformada en mentira, los hacen aparecer como los que incitaron al conjunto de los estudiantes a taponar con sillas, a hacer arengas, etc. Este interés que tienen los testigos, su animadversión por los estudiantes, por razones ideológico – políticas, pone de presente y subraya que aquí de lo que se trata es de una clara persecución antidemocrática violatoria de los derechos y garantías fundamentales contra el estudiante Alejandro Parra y otros, que la mentira se ha transformado en un arma ideológica de persecución, y que quienes están encargados de tomar las decisiones como es el caso del rector encargado, tampoco puede ser objetivo al momento de valorar las pruebas, por que dicha valoración no la hace en conjunto, teniendo en cuanta otras probanzas, como son por ejemplo, las declaraciones que vertieron al proceso el brigadista Johan Andrés Gómez Espinoza, quien da cuenta a su manera que el estudiante Alejandro Parra intercedía ante la brigada para que estas personas que se encontraban en las oficinas pudieran salir sin ser agredidas por multitud de estudiantes que se encontraban radicalizados debido a la intransigencia de l as directivas a resolver el pliego de peticiones.

¿Por que Alejandro Parra no ocultaba su identidad con un pasamontañas? Alejandro Parra, representante estudiantil al consejo académico bien podía haber utilizado un pasamontañas para ocultar su identidad como lo hicieron los estudiantes de base radicalizados, por eso la señora secretaria solo puede referirse a quienes tenían su rostro a plena luz del día, que no necesitaban esconderse por que no estaban efectuando ninguna conducta transgresor del reglamento estudiantil, por eso los reconocen y los señalan.

Alejandro Parra , estudiante que por iniciativa propia facilita la presencia y acción de dicha brigada e incluso enfrenta a los estudiantes para que permita la salida pacifica de los funcionarios y quien además, le pide a la brigada dejar constancia mediante video del estado en que quedaron las cosas en las oficinas para evitar que a los estudiantes se les atribuyeran daños o hurtos a los equipos de oficina ¿acaso no es esta una actitud responsable, digna de un representante estudiantil? Pero usted, señor rector, y posiblemente los representantes del consejo académico no van a ver estos hechos con objetividad, como no los vio el rector encargado que suscribió la resolución que a su vez proyecto la asesora juridica Miriam Delgado, por que como dijo el principito: “

Este hecho demuestra claramente el afán de perseguir a los estudiantes expulsados, el afán inequívoco de golpearlos a toda costa sin tener en cuenta lo verdaderamente ocurrido y amparándose en la mentira incluso de la resolución misma cuando afirma que Nohelia Bedoya manifestó que el estudiante Parra colocaba sillas para el bloqueo, lo que la testigo nunca dijo pero que la resolución le atribuye por que el autor o autora de esta resolución cae en la lógica mezquina de atribuir responsabilidad moral a los estudiantes Alejandro Parra Y Camilo Alzate como en estados totalitarios y fascistas, basta recordar al fascismo italiano cuando condeno al intelectual Antonio Gramsci argumentando que no podían permitir que ese cerebro continuara pensando o mas recientemente, el estado neofascista italiano cuando hace responsable al intelectual Antonio Negri de ser responsable moral de los disturbios que tuvieron ocurrencia en los años 70 y lo condenan a varios años de prisión, como lo dijo el filosofo Frances Michel Foucault, simplemente por tratarse de un intelectual.

Corresponde ahora al consejo académico de la universidad revisar en ultima instancia este caso y es obvio para nosotros que el mismo animo antiestudiantil que hemos advertido y denunciado que es el fruto de la presente decisión, también los acompaña a ustedes en su mayoría. No obstante eso no impide que ustedes puedan revisar esta decisión e incluso mirarlas de manera más objetiva y atendiendo a los preceptos de derecho que establecen la sana critica de las pruebas como el instrumento a partir del cual estas deban ser valoradas. La imparcialidad debe ser la característica de todo juzgador, garantía difícil de lograr pero no imposible, pues sabemos que la aplastante mayoría de ustedes estará seguramente a favor de esta decisión que fue urdida desde mucho antes, desde que el señor rector Luis Enrique Arango en la asamblea departamental cuando fue llamado por esta institución representativa a dar cuenta de la problemática manifestó de manera cruda, precisa y hasta loable por ausencia de hipocresía que ">Se suspendieron unos estudiantes para bajarle la temperatura a la agresividad que se produjo en las asonadas, fruto de unas denuncias de miembros de la comunidad contra personas en particular”. Es decir, una actitud intimidatoria contra la comunidad estudiantil, aclarando desde ahora que tales denuncias de miembros de la comunidad nunca existieron, que ni siquiera son conocidas en este proceso, razón por la cual la suspensión de entonces era la antesala de la expulsión de ahora. Como sea les advertimos desde ahora que agotaremos Toto el derecho interno y finalmente recurriremos a instancias internacionales si es preciso a la comisión interamericana de derechos humanos para que este caso quede evidenciado y registrado como cado de violación de los derechos civiles y políticos de los estudiantes, protegidos por los pactos internacionales sobre derechos humanos y la constitución nacional. Por lo antes expuesto respetuosamente solicitamos sea REVOCADA la decisión y en su lugar permitir el reintegro de los estudiantes, en este caso Alejandro Parra, a objeto de que puedan culminar su actividad académica en términos normales y como representante del movimiento estudiantil al consejo académico pueda ejercer sus funciones que de manera democrática le fueron asignadas por los estudiantes y que ahora se pretende desconocer por parte de la universidad.